La batalla por las gobernaciones de Colombia ya empezó, pero las primeras decisiones muestran algo más complejo que una lista de favoritos. Hay dirigentes que anunciaron su aspiración, funcionarios que renunciaron para competir y nombres que apenas circulan en conversaciones partidistas. Antioquia, Atlántico, Santander y Valle del Cauca concentran algunos de los movimientos más visibles, mientras en Cundinamarca, Huila y Sucre comienzan a perfilarse apuestas del Pacto Histórico. La advertencia es fundamental: sin encuestas departamentales recientes y comparables, no resulta responsable asignar porcentajes de victoria ni presentar como candidatos oficiales a quienes todavía no tienen candidatura formalizada.
La competencia más definida entre varios aspirantes aparece en el Atlántico. Isabella Pulgar anunció su candidatura el 8 de octubre y había renunciado a la Asamblea para concentrarse en esa aspiración; Pedro Lemus Navarro salió de la Secretaría General de la Gobernación el 29 de octubre, mientras Juan Carlos Díaz Tarud dejó el Viceministerio de Defensa para los Asuntos de Veteranos y del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa. También se mueve Alfredo Varela, quien busca la Gobernación por tercera vez. Son pasos políticos concretos, aunque no significan que todos tengan aval definitivo ni que sus coaliciones estén cerradas.
Detrás de esos nombres se libra una negociación que puede decidir buena parte del resultado. Díaz Tarud aparece vinculado a Defensores de la Patria, el movimiento del presidente Abelardo de la Espriella; Lemus llega con experiencia en la administración de Eduardo Verano, pero esa cercanía no debe confundirse automáticamente con un respaldo electoral formal. Varela renunció al Partido Verde y a su curul, por lo que tampoco sería correcto atribuirle sin más los apoyos que tuvo en 2023. Pulgar, por su parte, deberá ampliar su reconocimiento y precisar su fórmula partidista. En este departamento, la ventaja potencial estará en construir una coalición suficientemente amplia sin perder identidad ni cohesión.
Antioquia ofrece otra disputa especialmente relevante: Horacio Gallón y Alejandro Arbeláez aparecen como precandidatos del Centro Democrático, según declaraciones del expresidente Álvaro Uribe. Ambos dejaron responsabilidades en el gobierno departamental: Gallón estuvo al frente de Infraestructura y Arbeláez en la gerencia de Hidroituango. Ese antecedente les permite presentar experiencia administrativa, pero no equivale a un respaldo institucional de la Gobernación. Su posibilidad de competir con fuerza dependerá de la selección interna y de si se reedita una convergencia con Creemos u otras organizaciones de centroderecha, como ocurrió en la elección departamental de 2023.
La izquierda antioqueña, entretanto, comienza a explorar una carta propia. Alrededor de 185 dirigentes y militantes del Pacto Histórico propusieron al representante Alejandro Toro para la Gobernación y le pidieron dejar el Congreso para aspirar; al momento de conocerse la propuesta, él no había respondido públicamente a esa petición. También han circulado Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria en conversaciones sobre la Gobernación o la Alcaldía de Medellín, sin una decisión definitiva que permita ubicarlos en una contienda concreta. La oportunidad de un sector alternativo dependería de reunir apoyos más allá de su base; su dificultad sería enfrentar una coalición de derecha unificada con varias candidaturas compitiendo por el mismo electorado.
Santander ya registra un movimiento que va más allá del sonajero: Eduard Sánchez inscribió un grupo significativo de ciudadanos para recolectar firmas después de salir de la oficina departamental de Gestión del Riesgo. Ese paso lo convierte en un aspirante con una ruta organizativa identificable, aunque todavía debe reunir y validar los apoyos necesarios. Su experiencia pública puede servirle para presentar conocimiento del territorio, pero no permite atribuirle automáticamente el respaldo del gobernador Juvenal Díaz ni anticipar su elegibilidad: renunciar a un cargo y registrar un comité son actuaciones diferentes de la verificación jurídica y de la inscripción definitiva de una candidatura.
La competencia santandereana podría ampliarse considerablemente antes de que existan candidaturas oficiales. En las conversaciones regionales aparecen Miguel Ángel Pinto, Jaime Durán y Horacio José Serpa, vinculados al liberalismo; Lina María Barrera, del conservatismo, y Fabián Díaz, de trayectoria en el Partido Verde, entre otros nombres. Por ahora, su presencia en el panorama no demuestra que todos vayan a competir ni define bajo qué aval lo harían. La principal oportunidad de los sectores tradicionales sería evitar su dispersión; para una candidatura independiente o alternativa, el desafío consistiría en convertir reconocimiento y propuestas en organización municipal, sin depender exclusivamente de la votación de Bucaramanga y su área metropolitana.
En el Valle del Cauca, Alexander López Maya es una de las apuestas más visibles que se atribuyen al Pacto Histórico. Su nombre aparece como posible aspirante a la Gobernación, acompañado de una eventual fórmula política con Francia Márquez para la Alcaldía de Cali; esa combinación debe tratarse como una proyección de campaña, no como candidaturas formalmente inscritas. López aporta trayectoria en el Congreso y en Planeación Nacional, pero su posibilidad de ganar dependería de unir al progresismo y ampliar su presencia en los municipios. Del otro lado se exploran frentes de centro y derecha, todavía sin una candidatura única verificable en la información disponible.
La expansión que proyecta el Pacto Histórico también incluye departamentos donde las apuestas siguen siendo preliminares. Gustavo Bolívar ha sido mencionado para Cundinamarca, Jaime Dussán para Huila y Mario Fernández Alcocer para Sucre. En estos casos se trata de posibles cartas, no de decisiones finales de aval. Sería prematuro declararlos favoritos: cada uno tendría que demostrar respaldo local, resolver su mecanismo de selección y competir con organizaciones regionales que no necesariamente votan siguiendo la confrontación nacional. El nombre conocido puede abrir una campaña, pero no reemplaza el trabajo territorial ni acredita por sí mismo una posibilidad superior de victoria.
La participación del Partido Republicano de María Fernanda Cabal puede resultar relevante, aunque todavía no permite dibujar una lista cerrada de aspirantes a gobernaciones. La organización aparece entre las fuerzas que exploran acuerdos con sectores de centro y derecha para evitar la dispersión del voto frente al Pacto Histórico. Su influencia podría manifestarse mediante candidatos propios, coavales o respaldos, pero no corresponde adjudicarle nombres sin anuncios verificables. Para el republicano, como para Defensores de la Patria y Salvación Nacional, la oportunidad está en aportar liderazgos competitivos; el riesgo, en multiplicar candidaturas sin suficiente arraigo o sumar apoyos que no se traduzcan en votos.
El balance permite identificar carreras más avanzadas, no gobernaciones ganadas. En Atlántico hay varias aspiraciones con decisiones públicas; en Antioquia existen precandidatos y propuestas de sectores claramente identificables; en Santander comenzó una ruta por firmas, y el Pacto Histórico estudia cartas para distintos departamentos. La posibilidad real de victoria deberá evaluarse con candidaturas definitivas, coaliciones comprobadas, encuestas técnicamente sólidas y propuestas contrastables. La clave para el ciudadano será exigir evidencia: quién respalda realmente a cada aspirante, qué experiencia puede demostrar y cómo responderá por seguridad, salud, vías y recursos públicos. Ese examen vale más que cualquier proclamación temprana de triunfo.